Piden elevar a juicio oral y público la causa “Los Sauces”

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A días de la reaparición pública en el sindicato de SMATA, Cristina de Kirchner fue citada a declarar por las presunta coimas que destaparon los cuadernos de Centeno y recibió el pedido de elevación a juicio del fiscal Pollicita en “Los Sauces”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves que la expresidente Cristina de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia vayan a juicio por presunto lavado de dinero de la denominada causa “Los Sauces”.

El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini. En esta pesquisa se investiga el alquiler de propiedades de la familia Kirhner a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros. Ahora será Ercolini el que determine si la causa pasa a juicio oral y público.

La sospecha de la Justicia es que el dinero que se pagó en alquileres, que es el 86% del total de lo facturado por Los Sauces, era retorno de obra pública con la cual aquellos se vieron beneficiados por licitaciones que ganaron durante el kirchnerismo.

Las defensas de los acusados sostienen que los montos corresponden a los valores de mercado, que no hubo sobreprecios y que las propiedades alquiladas estaban efectivamente ocupadas, como compró la Justicia tras múltiples allanamientos e inspecciones. Además, señalaron que alquilar no puede ser delito y que eso no los incluye en una asociación ilícita.

El pedido de Pollicita también incluye a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner; a Osvaldo “Bocha” Sanfelice, socio inmobiliario del diputado nacional Máximo Kirchner; Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner quien esté detenido por supuestamente haber querido entorpecer la investigación; y los hijos de Báez, entre otros.

Según la acusación fiscal, la maniobra “se concretó a través de un “montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces”. En ese sentido, concluyó que se intentó “sustraer y apoderarse y de forma de millonarios fondos públicos”.

Según el fiscal, a partir de evaluación de los pagos en alquileres, que habrían alcanzado a suma de casi $ 23 millones sin IVA, que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner” en tanto que los empresarios eran “contratistas del Estado”.

Este expediente lo tramitó originariamente el juez Claudio Bonadio. En un procesamiento de 392 páginas, ese magistrado acusó a Cristina, sus dos hijos, Báez, López, Mercado, Fabián De Sousa, Sanfelice, Manzanares, tres escribanos y seis directivos de empresas de Báez de montar una asociación ilícita, una figura penal que se utiliza habitualmente cuando la acusación es endeble.

Para Bonadio, los alquileres no eran alquileres sino coimas, aunque no logró detectar ni un solo edificio sin inquilinos y no encontró sobreprecios. Es más, describe una trama de supuestos pagos de coimas con retornos de alquileres pero todos los movimientos de Los Sauces se hicieron a través de cheques, que fueron depositaron en bancos, con lo cual todo está declarado y a la vista.

Luego de procesar a 21 personas, Bonadio se declaró incompetente y derivó el expediente a Ercolini, quien investiga otras causas por supuestas irregularidades con la obra pública. Ercolini sobreseyó en diciembre de 2011 a Cristina por una pesquisa similar, donde también se acusó al fallecido empresario hotelero Juan Carlos Relats dueño de JCR S.A. por alquilar habitaciones de Los Sauces y, al mismo tiempo, ser beneficiario de contratos del Estado para el mantenimiento de rutas.

En su fallo, Ercolini sostuvo que los mandatarios tienen derecho a administrar sus bienes y que los movimientos tienen que tener cierta lógica de mercado. “No tengo elementos que permitan sostener en modo alguno que el alquiler abonado hubiera sido excesivo, o la inversión realizada injustificada y con esto sospechar que el mismo, en las condiciones mencionadas, hubiera sido una exigencia para que, a cambio de ello, se otorgara al grupo Relats la concesión de diversa obra pública”.

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