Mauricio Macri firma el decreto que transfiere a la Justicia el programa de testigos protegidos

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La protección alcanza a más de 300 personas, entre ellas, a denunciantes del kirchnerismo por casos de corrupción; hay resistencia judicial a asumir el manejo del plan Crédito: Ricardo Pristupluk

El Presidente Mauricio Macri firmará hoy el decreto de necesidad y urgencia ( DNU) con la transferencia del programa de Protección de Testigos al Poder Judicial. Como adelantó LA NACION la semana pasada, el jefe del Estado decidió traspasar el sistema que alcanza a 225 testigos y 97 familiares a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Macri tomó la decisión a partir del pedido de varios imputados colaboradores que declararon en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas, como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz. Es que el triunfo electoral de Alberto Fernández multiplicó los pedidos para quitar el programa de la esfera del Poder Ejecutivo.

Tanto en la Casación como en la Corte Suprema la mayoría de los jueces se mostraron disconformes con la medida. Las principales objeciones eran que se trata de una estructura demasiado grande de la que deberán hacerse responsables, sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que dependen del Poder Ejecutivo.

Incluso, algunos magistrados del máximo tribunal penal del país sostuvieron además que ellos deberían evaluar los dichos de los arrepentidos para determinar su continuidad en el sistema y que eso podría chocar con la obligación de tenerlos bajo su cuidado.

Alberto Fernández en un tuit aclaró que su equipo no fue consultado por este tema. «Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo», agregó.

Si bien los arrepentidos en las causas de corrupción representan una minoría -son poco más de 10-, fueron claves para procesar y condenar a varios pesos pesados del kirchnerismo, como el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, quien pidió revisar la causa y sostuvo que se trató de «un circo armado para tapar medidas económicas y el malestar social».

También el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue señalado por las revelaciones de testigos protegidos. Incluso, las declaraciones de algunos arrepentidos, como el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares (ya abandonó el sistema) y José López, aportaron datos sobre negocios de la exfamilia presidencial que los funcionarios judiciales valoraron para enmarcar a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita.

El exsecretario de Obra Pública, que fue detenido mientras revoleaba bolsos con casi 10.000.000 de dólares a un convento en General Rodríguez, declaró que durante el kirchnerismo se armó «un sistema mecánico de recaudación relacionado con la obra vial».

El cambio de gestión generó malestar y ansiedad entre los imputados colaboradores de la Justicia, que solicitaron insistentemente el traspaso del programa que, entre sus servicios, cuenta con medidas de protección como custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.

Entre los argumentos que sostienen la determinación, según fuentes de la Casa Rosada, se destaca que desde la sanción de la ley del arrepentido el programa incorporó testigos que brindaron información en procesos judiciales vinculados a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública en el Poder Ejecutivo.

Eso, según la mirada de la administración macrista, «podría generar la incongruencia de que el diseño de los planes de seguridad respecto de los testigos e imputados sometidos al cuidado del sistema se encuentre a cargo de aquellos que dependan jerárquica y funcionalmente de personas involucradas en dichas investigaciones judiciales».

Macri también dispuso que se transfieran «los recursos necesarios para atender el cumplimiento del programa», que serán incluidos en el presupuesto general para la administración nacional que administra el Consejo de la Magistratura, que además recibirá la totalidad de los bienes, activos y patrimonio afectados al programa, que a partir de ahora será liderado por un director que deberá nombrar la Cámara de Casación Penal.

El encargado de poner en debate el asunto fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, que, según informaron sus allegados, habló del tema con algunos de los integrantes de la Corte Suprema y de la Justicia Federal.

El Gobierno, además, tomó como base para el DNU el pedido de la asociación civil Poder Ciudadano, que también reclamó el cambio de esfera, y el proyecto de ley que presentó la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), que establece que «resulta imperioso hacer una adecuación del programa con la expresa necesidad de evitar cualquier tipo de restricción a la seguridad de imputados y testigos».

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