Empleados administrativos de ERSA habrían sido amenazados

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Un médico laborista se presentó ante la Fiscalía y denunció que recibió en su casa un sobre con amenazas hacia su persona. Paradójicamente, el profesional trabaja para la misma empresa que un contador público nacional y un administrativo, que hace una semana sufrieron ataques en sus casas con bombas molotov.

Altas fuentes ligadas al caso confiaron que ayer se presentó en el edificio del Ministerio Público Fiscal, un médico de apellido Migueles, quien manifestó que trabaja para la empresa de transporte público Ersa, y que quería radicar una denuncia.

El profesional señaló que recibió en su domicilio del barrio Centro, un sobre que en su interior contenía una carta (escrita en computadora y algunas frases a mano) con una amenaza hacia su persona.

Las fuentes señalaron que el médico advirtió que decidió presentarse ante la Fiscalía enterado de otros incidentes de similares características que sufrieron otros dos compañeros.

Los casos a los que hizo referencia el Dr. Migueles, son los que tuvieron como protagonistas al CPN Santiago Leyría, quien denunció que en el patio de su vivienda arrojaron tres bombas molotov, de las cuales sólo una explotó, afortunadamente sin causar mayores daños.

Leyría, quien reside en el barrio Mariano Moreno, radicó la denuncia el pasado 5 del corriente. El contador se desempeña como encargado de Recursos Humanos de Ersa.

En esa misma jornada, pero en la zona norte de la ciudad, en jurisdicción de la Seccional 5ª, un empleado administrativo de la misma empresa de colectivos de apellido Farías, también denunció un ataque con bombas molotov.

La denuncia de Migueles recayó en manos de la fiscal Celia Mussi, la cual ante los antecedentes de las otras dos denuncias sospecharía que las amenazas tienen un trasfondo que radica en un conflicto laboral, confiaron las fuentes.

La representante del Ministerio Público se habría entrevistado ayer con Leyría y con el gerente de la empresa, a los fines de indagar sobre cuál sería la situación real de la empresa y de los empleados, en busca de descubrir posibles autores de los actos intimidatorios. Ambos habrían deslizado que no sospechaban de nadie. Las mismas fuentes adelantaron que la Dra. Mussi solicitó varias medidas que se concretarían a los fines de determinar quiénes fueron los responsables de las amenazas y los motivos que persiguen.

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